Lectura_La violencia y la seguridad ciudadana.

En esta lectura del módulo 1, lee las secciones "Introducción" y "La violencia y la seguridad ciudadana", páginas 1 a 14 del documento del módulo.

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1. Introducción.

La democratización de América Latina y el Caribe (ALC), sus reformas descentralizadoras y una demanda ciudadana creciente por la seguridad impulsaron avances significativos en el diagnóstico de la violencia, la creación de una institucionalidad responsable del tema y la concepción de estrategias para combatir la inseguridad. A pesar de estos avances, ALC sigue siendo una región violenta. Este módulo ofrece un panorama del crimen y la violencia en ALC y la pertinencia de las acciones emprendidas para prevenir este fenómeno. En primer lugar, busca establecer las dimensiones del crimen en la región con base en cifras internacionales comparadas, las características de las víctimas y los victimarios, y los niveles de victimización y sentimientos de inseguridad. En segundo lugar, se presentan las explicaciones más frecuentes del crimen. Y, en tercer lugar, se propone una discusión sobre las estrategias de combate y prevención del crimen que han dado resultado, las que han fracasado y aquellas que pueden ser prometedoras.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Al final de esta unidad los participantes serán capaces de: ◊ Identificar las herramientas y buenas prácticas de gestión de equipo en los grandes eventos; ◊ Identificar diferentes estructuras de gobernanza según la cantidad de personas e instituciones involucradas en las diversas fases del megaevento; ◊ Reconocer los aspectos más relevantes de la gestión por competencias. PREGUNTAS ORIENTADORAS: ◊ ¿Cuál es el escenario actual de la seguridad ciudadana en ALC? ◊ ¿Cómo han avanzado los países de ALC en el desarrollo de la política pública en materia de seguridad ciudadana? ◊ ¿Cuáles programas han funcionado, cuáles no y cuáles son prometedores para enfrentar el crimen y la violencia?

2. INTRODUCCIÓN En la última década, el crimen y la inseguridad se convirtieron en el problema principal de los ciudadanos en los países de ALC (Latinobarómetro). Según las encuestas de opinión de Latinobarómetro, el problema principal, percibido en 2004, era el desempleo, con un promedio de 29,3% de los ciudadanos identificándolo como su mayor preocupación. En ese entonces, la seguridad era un tema menor en muchos países de la región ya que preocupaba en promedio a un 9,3% de sus habitantes. Esta tendencia se revirtió en 2015 cuando la seguridad fue señalada como la mayor preocupación en 15 de los 18 países encuestados en la región. Tal como se observa en el Gráfico 1,22,8% de los latinoamericanos encuestados opinó que la seguridad era el principal problema de su país, seguido del desempleo, con 16,2%, y la economía, con 8,2%. Otros problemas relacionados con la inseguridad y mencionados con menor frecuencia son la corrupción (6,3%), las pandillas (3,2%) y el consumo de droga (1,5%).

Gráfico 1. Principales problemas en ALC, 2015 Delincuencia/Seguridad 22,8% Desempleo 16,2% Economía 8,2% Corrupción 6,3% Política 6,2% Inflación 4,4% Educación 4,2% Salud 3,5% Pandillas 3,2% Pobreza 3,1% Desabastecimiento 2,7% Consumo de droga 1,5% Terrorismo 1,1% Salarios 1,1% Injusticia social 1% Otros 9,4% Ninguno 0,5% NS/NR 5,5% 

Esto ha llevado a los ciudadanos de la región a movilizarse masivamente para demandar más seguridad y vivir en tranquilidad. Por ejemplo, en 2004 se organizaron movilizaciones en Argentina tras el secuestro y asesinato del joven Axel Blumberg. México se movilizó, primero en la marcha “Rescatemos a México” y, en el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia quien convocó a concentraciones multitudinarias tras el asesinato de su hijo. En febrero de 2008, la protesta en Colombia contra el secuestro y el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) batió todos los récords de convocatoria en la calle.

México Secretaría de Seguridad Pública El Salvador Ministerio de la Seguridad Pública y Justicia Colombia Secretaría de Seguridad y Convivencia Perú Gerencia de Seguridad Ciudadana Chile Ministerio del Interior y Seguridad Pública Argentina Ministerio de Seguridad

En años recientes, la gobiernos nacionales y locales en ALC crearon una institucionalidad propia para gobernar y gestionar la seguridad. Ministerios, secretarías, subsecretarías y consejerías surgieron para encargarse de la planificación estratégica, específicamente en el tema de la seguridad. Por ejemplo, El Salvador creó el Ministerio de la Seguridad Pública y Justicia, en 2007; en 2000, México creó la Secretaría de Seguridad Pública, que luego desaparecería; en 2010 Argentina establece el Ministerio de Seguridad y, desde 2011, el Ministerio del Interior, en Chile, se denomina Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Las ciudades también han creado dependencias encargadas del tema, como Lima con la Gerencia de Seguridad Ciudadana o Medellín, con la Secretaría de Seguridad y Convivencia, en 2012.

Igualmente, se crearon centros de coordinación operacional de los actores gubernamentales relacionados con la seguridad de los ciudadanos, como fue el caso de Chile y Colombia. Esto bajo el paraguas de centros de despacho modernos, recepción y triage de llamadas a números de emergencia, células de crisis, comandos unificados de cámaras para vigilancia, control de masas y movilidad, racionalización de la actividad policial en el terreno con organización computarizada de la operatividad y el patrullaje o la instalación de miniestaciones o puestos barriales. Como ejemplos están el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo C4 de Bogotá, en Colombia, o el Centro de Operaciones de Río de Janeiro, en Brasil. También las líneas únicas de emergencia: 107, en Argentina, 911, en Jalisco o 123, en Bogotá. A mediados de esta década también se fundaron los primeros observatorios del crimen y la delincuencia, aunque su expansión se dio más recientemente entre 2011 y 2013. Su objetivo principal es recoger, analizar y reportar datos sobre el crimen con el fin de apoyar la formulación de políticas públicas, la veeduría social y el monitoreo de las tendencias de la inseguridad (Srur, 2014). Además, han nacido iniciativas, desde las ONG y la academia, para encontrar soluciones concretas y eficaces a los problemas de violencia y criminalidad en ALC. Aquí algunos ejemplos: Igarapé está impulsando una campaña para disminuir a la mitad los homicidios, en una década (Igarapé, 2017). El Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad ha seleccionado buenas prácticas innovadoras, por ejemplo en centros urbanos y jóvenes (Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, 2015). El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile y la Fundación Ideas para la Paz, de Colombia, han adelantado estudios y evaluaciones sobre estrategias exitosas en barrios, política penitenciaria, reforma y estrategias policiales, entre muchos otros temas relacionados a la capacitación y la producción de manuales para funcionarios. En este módulo explicaremos algunos conceptos relacionados con el crimen y la violencia en la región, y presentaremos varias de las acciones emprendidas para afrontar el fenómeno. En primer lugar, estableceremos las dimensiones del crimen en la región con base en cifras comparadas internacionales, las características de las víctimas y los victimarios, y los niveles de victimización y sentimientos de inseguridad. En segundo lugar, presentaremos las explicaciones más frecuentes del crimen en la región. 

3. LA VIOLENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA.

Para comprender el fenómeno de la violencia y cómo enfrentarla con políticas de seguridad ciudadana es necesario establecer lo que entendemos por ambos conceptos. VIOLENCIA (S) A diferencia del delito, para el cual existe una definición concreta y una delimitación basada en el código penal, la violencia es un concepto complejo que implica múltiples interpretaciones y clasificaciones las cuales, además, evolucionan a lo largo de la historia y difieren entre sociedades y culturas. No obstante, a nivel internacional existe un consenso en la adopción de la definición propuesta por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual emerge del Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, de 2002, pero que ha sido actualizada y se mantiene vigente hasta hoy.

Violencia es: “El uso intencional de la fuerza física o poder, ya sea en forma de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que tiene como resultado o es muy probable que tenga como resultado heridas, muerte, daños psicológicos, problemas de desarrollo y deprivación.”

Adicionalmente, la OMS, en su Campaña Global de Prevención de la Violencia (2017) ha planteado una tipología de la violencia que permite comprender mejor las múltiples manifestaciones que este fenómeno presenta. Allí, se distinguen tres subtipos de acuerdo con la relación que se produce entre la víctima y el agresor (autoinflingida, interpersonal y colectiva), y además se distinguen cuatro medios por los cuales se infringe violencia (física, sexual, psicológica y deprivación). En la relación entre ambas dimensiones, como se observa en el siguiente esquema, se identifican diversos subtipos de violencias. 

 Dadas estas múltiples manifestaciones de la violencia, la complejidad de sus causas y consecuencias, en lugar de hablar de ‘Violencia’, muchos prefieren hablar de ‘Violencias’ (Figura 1). Figura 1. Tipología de la violencia Naturaleza de la violencia Violencia Autoinflingida Comportamiento suicida Autolesiones Interpersonal Familiar o pareja Menores Pareja Ancianos Comunidad Conocidos Extraños Colectiva Social Política Económica Física Sexual Psíquica Privaciones o descuidos

LA VIOLENCIA INSTRUMENTAL Y LA IMPULSIVA Uno de los debates más agudos entre expertos de la seguridad ciudadana en la región ha sido determinar si los homicidios en las urbes latinoamericanas son el producto de una violencia instrumental o de una violencia motivacional. Seguramente, el fenómeno homicida es causado por ambos tipos de violencia, pero determinar cuál tiene prevalencia puede permitir a las autoridades tomar mejores decisiones, establecer estrategias y concentrar recursos en donde estos serán más eficientes. Por violencia instrumental se entienden los actos voluntarios y premeditados que buscan sacar algún provecho ulterior. A menudo se la relaciona con las bandas criminales y los delincuentes, aunque no es exclusivo de estos. Por ejemplo, la violencia instrumental explicaría los homicidios por ajustes de cuentas entre bandas, vendettas, disputa de territorios, diferencias entre expendedores de drogas, atracos y secuestros que terminan en asesinato, retaliaciones por el no pago de extorsiones, sicariato, entre otros. Se entiende por violencia impulsiva, también conocida como motivacional, expresiva o afectiva, aquella que se expresa como respuesta emocional a diferencias personales, con algún conocido o con alguien con quien se interactúa socialmente y que pretende causar daño. Por ejemplo, están dos adultos embriagados que pelean y se matan en un bar por diferencias personales o un altercado. Esta violencia estaría inducida por la ira o el odio (Llorente, Escobedo, Echandía y Rubio, 2002; Chaux, 2003; Castellano Durán y Castellano González, 2012). SEGURIDAD CIUDADANA En ALC el concepto de seguridad nacional que había sido moldeado por las tensiones de la Guerra Fría se transformó a favor de estrategias de seguridad acordes con el nuevo proceso democratizador y el respeto a los derechos de las personas. Durante buena parte de siglo XX, bajo el pretexto del orden público, las fuerzas policiales se convirtieron en herramientas de represión de las dictaduras contra una parte de la población, haciendo distantes y antagónicas las relaciones entre la policía y la comunidad. En ese momento, preservar el orden público se entendía como la protección del statu quo de gobiernos autoritarios y militares en el poder (Ruiz Vásquez, 2004). 

Aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Carta de Derechos y Deberes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ya señalaban, en 1948, que “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”(Artículo 1, OEA; Artículo 3, ONU), el concepto tradicional de la seguridad como protección del orden público más que del individuo prevaleció por varias décadas hasta finales de los años ochenta. Este cambio en la idea de seguridad ocurrió con los cambios de la esfera político-institucional de ALC, con la caída de las dictaduras militares y los procesos de negociación política y de paz en América Central. Desde 1990, los gobiernos nacionales y locales en América Latina han acogido la noción de “seguridad ciudadana” en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos. Aunque existen variadas definiciones, se entiende por seguridad ciudadana:

La capacidad de los Estados, en asocio con el sector privado, los particulares, la academia y asociaciones comunitarias, vecinales y ciudadanas, de proveer y coproducir un marco de protección de la vida y el patrimonio de los individuos, que les permita a los ciudadanos convivir pacíficamente, sin miedo, en aras de alcanzar una mejor calidad de vida.

Durante buena parte del siglo XX, las cuestiones de seguridad y policía eran una responsabilidad exclusiva de las instituciones policiales. Ellas tenían el monopolio de decisión en la materia, con medidas en general reactivas en el terreno. La concertación entre agencias del Estado y la participación de la comunidad para establecer prioridades y estrategias de prevención contra la delincuencia solo se dio paulatinamente a partir de 1990. Las antiguas fuerzas policiales resultaron ser ineficientes e inconsistentes con la nueva definición de seguridad de los años noventa. Por esto, tuvieron que adaptarse a los principios democráticos implementando reformas en sus tareas cotidianas y en su relación con la comunidad. La transición hacia la democracia obligó a la policía a ser más responsable y dependiente de los controles y balances institucionales.

La instauración de la elección por sufragio universal de las autoridades locales y los nuevos procesos de descentralización en la región también hicieron que los nuevos gobernadores y alcaldes elegidos asumieran responsabilidades legales y reales en temas de seguridad. Antes las responsabilidades de la policía solo recaían en su institución, sin embargo, los gobiernos locales, con mayores poderes y autonomía, iniciaron lentamente su participación en las estrategias de seguridad en sus territorios. El importante crecimiento de las ciudades de ALC a partir de 1970 presentó desafíos sensibles para los gobiernos nacionales y locales, no solo en la provisión de servicios públicos y oportunidades para los nuevos habitantes urbanos sino en temas de seguridad. El crecimiento demográfico y las migraciones campesinas, algunas veces forzadas por conflictos violentos en el sector rural o atraídas por la naciente industrialización, desde 1950, hicieron que la urbanización estuviera marcada por la pobreza, el hacinamiento, el déficit de recursos, la informalidad y el desorden. Actualmente, en promedio, 80% de los habitantes de ALC vive en ciudades, versus 26,8%, en los años cincuenta (CEPAL, 2010a). El proceso de hiperurbanización de los últimos cincuenta años no contó con las oportunidades de desarrollo, dejando en la marginalidad a sectores importantes de la población. La falta de oportunidades, la pobreza y la exclusión fueron el terreno abonado para el surgimiento de niveles de criminalidad extremos (Cunha da y Rodríguez V., 2009).